Tras más de 8 horas de debate y con 6 votos a favor, y 5 en contra, la mayoría de los 11 magistrados de la Corte Suprema de Brasil negó el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el que pretendía evitar ir a prisión luego de ser hallado culpable de corrupción por dos tribunales.

El exmandatario está a solo unos días de ir a la cárcel, pues todavía tiene hasta el 10 de abril para presentar un recurso, algo que los expertos en derecho consideran una formalidad ya que la probabilidad de que tenga éxito es mínima.

El voto de la magistrada Carmen Lúcia Antones fue decisivo e inclinó, como era de esperarse, la balanza en contra del exmandatario.

Bajo fuertes medidas de seguridad, los 11 magistrados de la Corte Suprema de Brasil iniciaron la sesión en la que debían decidir si el líder más popular del país sería enviado a prisión o podía seguir apelando en libertad.

Para los partidarios de negar el hábeas corpus y enviar al exmandatario a la cárcel, su principal argumento es que la Corte Suprema, en 2016, declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso de Lula.

Pero los defensores del exmandatario siempre han sostenido que nadie puede ir a prisión mientras resten apelaciones, que en su caso pasarían aún por el Tribunal Superior de Justicia y la propia Corte Suprema.

Lula fue condenado en primera instancia a 9 años de cárcel, y luego un tribunal superior aumentó la pena a 12 años tras hallarlo culpable de corrupción por haber recibido unos 750mil dólares en sobornos de parte la constructora OAS, que se materializaron en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá. Todo a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Justamente en Petrobras fue donde comenzaron los multimillonarios fraudes a los recursos públicos, una práctica que permeó a todos los niveles de la política nacional en complicidad con empresarios, y cuya compleja red de corrupción fue desvelada gracias a la llamada operación Lava Jato.

Lula, quien tiene abiertas seis causas penales más que están en primera instancia, ha negado todas las acusaciones y sostiene que es víctima de una “persecución política” que busca impedir que vuelva a la jefatura de Estado, una meta que se trazó para las elecciones de octubre próximo. Pese a que las normas del país impiden que un condenado en segunda instancia aspire a un cargo de elección popular.