Juez revoca beneficio domiciliario a las hermanas Mara y María Fátima Becharay ordena que sean llevadas a la cárcel.

La decisión la adoptó un juez de Soacha, Cundinamarca, al resolver la apelación que hiciera la Fiscalía a la medida de beneficio de casa por cárcel que le dieron a las hermanas y Mara y María Fátima Bechara, investigadas por presuntas irregularidades en uno de los cuestionados convenios financiados con recursos de regalías de la Gobernación de Córdoba en la administración de Alejandro Lyons.

El juez ordenó de forma inmediata que las investigadas sean conducidas a un centro de reclusión. Sin embargo, no hay pronunciamiento oficial de las procesadas ni de su defensa jurídica.

Un juez de segunda instancia las dejó en libertad luego de ser implicadas en irregularidades con el manejo de $9.575 millones provenientes de las regalías.

En su momento el togado consideró que el juez de primera instancia no dejó a la defensa presentar pruebas a favor de los señalados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión.

Sin embargo, en la apelación la medida fue revocada.

El Juzgado Tercero Penal municipal de Soacha las había enviado en mayo de 2017 a la cárcel, luego de que la Fiscalía advirtiera que en el convenio 750 de 2013 para ‘Desarrollo e investigación aplicada al modelo experimental sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías derivadas de la caña flecha del Departamento de Córdoba’, celebrado entre la Gobernación, la Universidad del Sinú y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia ‘George Dahl’, por 2.996 millones 831 mil pesos, la Contraloría halló un avance financiero a diciembre de 2016 del 95% y un avance físico del 30.5%.

Así mismo, en el convenio 755 de 2013 para la ‘Investigación y Desarrollo Aplicado de un Modelo Experimental para el Manejo Productivo y Sostenible de los Sistemas Agroforestales en el Departamento de Córdoba’, por un costo de 7.659 millones 860 mil pesos, hubo un avance físico del 42.5%, indicó el ente de control penal.