Todos esperaban que a la reunión convocada por la Personería de Montería y realizada en la Cámara de Comercio de la ciudad, los altos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, llegaran con propuestas de solución a la polémica decisión de reubicar el peaje El Purgatorio, pero no fue así.

Con las manos vacías y defendiendo el contrato de concesión firmado con la firma Ruta al Mar, el vicepresidente de gestión de proyectos de la ANI, José Narváez Morales, dijo que estudiarán nuevamente el tema y en una nueva reunión de empalme con el Gobierno de Iván Duque, buscarán puntos de entendimiento.

Cuando le preguntaron por el estudio socioeconómico de la región impactada, ninguno de los presentes de la ANI logró sustentar la petición, dejando en entredicho las actuaciones previas al contrato de concesión vial que las comunidades calificaron como una “imposición nacional”.

Las comunidades rurales de Montería, Tierralta y Valencia, insistieron en que las condiciones del contrato solo benefician al privado, que no se tuvo en cuenta a la ciudadanía y que solo hasta hoy intentan hablar informalmente de tarifas diferenciales, hecho que tampoco aceptaron los líderes comunales.

“Ya hemos otorgado tarifas diferenciales a usuarios frecuentes de comunidades y prestadores de servicios de transporte para otros peajes. Consideramos que esta opción se adecuaría para las usuarios de Tierralta y Valencia” dijo el vicepresidente de la ANI en su flaca intervención.

Narváez y los funcionarios que asistieron a dicha reunión soportaron un aguacero de críticas que los dejó mal parados y con denuncias públicas que advierten presuntos incumplimientos de los pasos legales y concertados previa contratación, adjudicación y ejecución de obras.

“Porque nos vean de sombrero y abarcas vayan a creer que somos corronchos. Nosotros entendemos la lógica de las cosas y la ANI ha querido pasar por encima de las comunidades y arruinarlas”, dijo el vocero comunal del kilómetro 15 Carmelo López