Según lo dio a conocer la Contraloría General se registró un presunto daño patrimonial de $1.334 millones de pesos, originado en la compra por parte de la Fuerza Aérea Colombiana de unos trenes de aterrizaje que resultaron usados y no aptos para el servicio.

La investigación sobre el caso fue solicitada a la Contraloría por la misma Fuerza Aérea, a través de su Segundo comandante y jefe de Estado Mayor, mayor general Luis Ignacio Barón Casas.

Asimismo, según la Contraloría, cursan también investigaciones penales, además de la disciplinaria, al inspector General de la FAC, por el contrato abierto que suscribió la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea.

Los repuestos aeronáuticos adquiridos fueron entregados el 24 de julio de 2015, según el documento titulado “Entrada de Bienes”, suscrito por el almacenista de la Fuerza Aérea y visto bueno del Comandante Almacenes.

El 7 de septiembre de 2015, tras una previa observación del inspector del Casa C-212-300, el Comandante Aéreo de Mantenimiento le solicitó al director de Procesos Logísticos el cambio por garantía técnica de los elementos adquiridos, por la siguiente razón: “El material llegado en calidad de nuevo evidencia uso, desgaste, corrosión, ralladura, abolladura, entalle y maquillado de piezas”.

Tiempo después estos repuestos en lugar de ser cambiados fueron irregularmente devueltos para ser objeto de mantenimiento y aun así resultó que no eran aptos para las aeronaves de la FAC.