La Procuraduría General de la Nación investiga la presunta responsabilidad de Juan Pablo Bocarejo y dos funcionarios más en un posible detrimento patrimonial de 13.000 millones de pesos ocasionado al Distrito.

De acuerdo con Blu Radio, el impacto en las finanzas de la capital se habría originado por la “falta de definición de la destinación de 503 controladores semafóricos existentes” y de ahí la presunta violación al principio de planeación.

Dice El Espectador que primero se estudiará la modificación del convenio interinstitucional entre Movilidad y la ETB para la prestación del servicio de la red semafórica.

Asimismo, se indagará la posible falsedad con la que el operador obtuvo el millonario contrato y por último, la posible falta de planeación en la elaboración del pliego técnico para la apertura de la licitación pública, indicó Blu Radio.

Al parecer los funcionarios, entre quienes están Carolina Pombo Vidal, directora de asuntos legales, y la subsecretaria de Movilidad Diana Lucía Vidal, habrían incurrido en irregularidades que desembocaron en una omisión de deberes, indicó e periódico.

Ese medio agrega que, debido a la complejidad del caso, la Procuraduría dividió en 3 partes la investigación para abordar por etapas la búsqueda ordenada de la posible ocurrencia de faltas en el control y manejo del contrato que debía modernizar el sistema semafórico de la ciudad.

Igualmente, la formulación técnica tampoco resolvió la destinación de toda la red de cableado de cobre existente y además, señala ese medio, el secretario Juan Pablo Bocarejo aparentemente no actuó conforme sus obligaciones  y por lo tanto ni “controló ni dirigió el proceso de licitación pública en debida forma”, precisó Blu Radio.